Paraná: exigen estudio de impacto ambiental para aprobar nuevas urbanizaciones

El crecimiento demográfico en las distintas ciudades demanda una exhaustiva planificación para que no colapsen los servicios, se puedan preservar los espacios verdes y se garantice de alguna forma una dinámica armónica entre sus habitantes, entre otras cuestiones. En Paraná rige el Código Urbano, definido como “el instrumento normativo necesario para ordenar el espacio, las construcciones y los usos en la ciudad”; y existe además el Código de Edificación, cuyas disposiciones “tienen por objeto establecer los requisitos y procedimientos de las etapas que componen una obra en cualquiera de sus modalidades -construcción, ampliación, refacción, demolición, mantenimiento- tanto para la presentación y elaboración de su proyecto como su ejecución y fiscalización, así como para las obligaciones y controles”.

En este marco, son numerosos los requisitos que deben cumplirse para proyectar o expandir una nueva área urbanizada. Y desde hace poco tiempo en la capital entrerriana se sumó además la solicitud de que se presente un informe de impacto ambiental, elaborado por especialistas, que dé cuenta de la factibilidad de cada emprendimiento.Quienes desarrollan el proyecto deben ponerlo a disposición de la ciudadanía, publicando esta posibilidad en un medio de comunicación durante tres días, y si hay algún interesado, coordinar un encuentro para que pueda revisarlo.

“Han cambiado las reglamentaciones y ahora en la oficina de Medio Ambiente nos pidieron este estudio, que lo hizo una ingeniera ambiental y nos solicitaron que publiquemos por tres días que vamos a ponerlo a disposición de quien esté interesado en verlo. Es la primera vez que nos solicitan un estudio de este tipo, así que estamos expectantes”, mencionó una arquitecta que trabaja en un nuevo loteo en Paraná.

Según mencionó, en el informe que recibieron la valoración es positiva, ya que esta nueva urbanización va a generar fuentes de trabajo y no afectará al ambiente con sus construcciones. “Procuramos urbanizar una zona que ahora está en desuso y va a impulsar más posibilidad de trabajo, y más disponibilidad de terrenos para gente que lo necesita, sobre todo ahora que lanzarán un nuevo plan Procrear. Los loteos deben comercializarse ya con los servicios instalados, con calles y cloacas”, explicó la profesional.

Respecto de este tipo de requerimientos que contemplan el impacto ambiental, Mariana Caramella, presidenta de la Regional Oeste Noroeste (ONO) del Colegio de Arquitectos de Entre Ríos, comentó: “Se implementó a partir de la gestión anterior. El área de Ambiente del municipio lo estableció como requisito. Ya se venía exigiendo un estudio de impacto hidrológico y ahora se complementa con este informe de impacto ambiental”.

Desde el Colegio que representa van actualizando la información de cuáles son los requerimientos que los profesionales tienen que ir completando, y Caramella aclaró que el informe de impacto ambiental se solicita para los loteos, pero también para otras edificaciones: “Alcanza además a proyectos de otra envergadura, como viviendas y edificios”, señaló.

A su vez, refirió que “hay una lista de profesionales autorizados y preparados para hacer el estudio de impacto ambiental”, y destacó: “Contemplar este tema tiene que ver con un nuevo paradigma que se viene trabajando, relacionado con el ordenamiento territorial de la ciudad, con pensar cómo se construye dentro del suelo urbano. Y está muy bien que se contemple cómo impacta eso en todo el territorio natural”.

Asimismo, sostuvo: “Que se pida este tipo de estudio contribuye por ejemplo a prever por ejemplo cuáles son las consecuencias de la impermeabilización del suelo para mitigar tema inundaciones urbanas; y del calentamiento también, ya que todo el material que absorbe calor, lo vuelve a emitir”.

Según dijo, esos informes determinan también si una nueva zona puede ser ocupada o no por construcciones, debido a que no todo lugar es apto para edificar, y remarcó: “Generalmente en los terrenos cercanos a cursos de arroyos el agua es fluctuante, no es estática y va erosionado de alguna manera el suelo. En Paraná tenemos 16 cuencas, o sea que estamos sobre arroyos y sufrimos las consecuencias, como accidentes, casas que se desmoronan, vertido de cloacas y servicios en los cauces”.

Carlos Fernández, presidente del Colegio de Arquitectos de Entre Ríos, comentó que en varias ciudades también se está pidiendo este estudio, ya que se van actualizando los códigos urbanos y se adaptan a las nuevas demandas y necesidades.

Oriundo de Concordia, contó que en su ciudad se intenta que no avancen los loteos sobre terrenos productivos o sobre espacios verdes: “Lo óptimo es que por cada habitante haya 17 o 18 metros cuadrados de área verde, y muchas localidades están por debajo de este número. De lo que se trata es de preservar esos pulmones que tienen las ciudades y los valores paisajísticos en algunos casos”.

En este marco, el dirigente analizó: “Básicamente la idea que se tiene hoy por hoy es la de manejar ciudades compactas, con alta densidad en áreas urbanas, ya que eso permite controlar el crecimiento de cada ciudad, poder mejorar la infraestructura y los servicios y que sean de calidad para los habitantes, y que no quede gente viviendo en barrios periféricos donde no se llega con los servicios de equipamiento urbano básico, como son el transporte público, las escuelas o los hospitales cerca”.

Trámites

El sector abocado a la proyección de nuevas urbanizaciones no ha estado ajeno a los efectos de la pandemia, ya que se han generado demoras en la aprobación de los proyectos ya presentados. Al respecto, la arquitecta Caramella mencionó: “Desde la Regional ONO del Colegio, que es donde se encuentra Paraná, estamos concretando algunas reuniones con distintas dependencias del municipio para ver si se puede agilizar el proceso de trámites de presentación para proyectos de obras nuevas y relevamientos”.

“Ya había un problema previo por el tema de tramitación y ahora estamos tratando de acompañar al municipio para ver si se puede solucionar y exigir de nuestra parte que se den respuestas a los profesionales que siguen trabajando y por ahí se encuentran con que las dependencias de las que depende la aprobación no están funcionando correctamente”, indicó.

Por último, Caramella recordó que los loteos y subdivisiones de tierra urbana tienen que estar aprobados para poder ponerlos a la venta, y explicó: “Ha sucedido en otros lugares que se han vendido antes de tener la factibilidad y la gente termina comprando algo sobre lo cual no tienen certeza de si será aprobado o no”.

Fuente: UNO