Argentina necesita una reingeniería del sector público, legislaturas unicamerales y 8 ministerios nacionales

La política fiscal (tanto tributaria como de gasto) es la forma que tienen los Estados de llevar adelante una de sus principales funciones: la redistribución del ingreso para mejorar el bienestar de la población más vulnerable. El objetivo de la intervención es achicar la desigualdad que, debido a múltiples causas, se manifiesta en las diversas sociedades, reduciendo la pobreza y favoreciendo la equidad.

Toda acción del Gobierno —siendo sus principales herramientas la imposición y el gasto— modifica el bienestar de la población y tiene un impacto redistributivo. Es por eso que, con el fin de equilibrar las cuentas fiscales del sector público argentino necesitan una revisión del gasto público en tres aspectos:

• Reingeniería
• Desindexación
• Mejora en su calidad

Política fiscal: las claves para una reingeniería del gasto público

En ese marco, para lograr el primer objetivo, resulta necesario revisar y rever las misiones y funciones de todas las reparticiones gubernamentales. Así, sin tocar la planta permanente de trabajadores estatales, se encontrarán organismos superpuestos, duplicidad de funciones y gastos superfluos que no hacen a la esencia del Estado.

Por ejemplo, la pandemia del Covid-19 ha permitido que muchas instituciones públicas funcionaran en forma remota. Este proceso ha hecho posible detectar gran cantidad de edificios públicos que no tienen utilidad práctica y merecen transferirse al sector privado.

Más aún, es preciso reglamentar todas las compras públicas para que se hagan a través de medios electrónicos de manera que cualquier ciudadano pueda verificar su transparencia. En el mismo sentido, proponemos un congelamiento de las vacantes del sector público nacional, provincial y municipal.

Con más de 3 millones de trabajadores, tenemos suficiente fuerza laboral para generar los incentivos de quienes ya se desempeñan en tareas públicas. Solo con esta medida, se produciría una reducción de medio millón de empleados en un período de cinco años.

La inflación es una variable central en la planificación del gasto

En cuanto al segundo punto, la desindexación, cabe señalar que uno de los factores que más ha condicionado el resultado fiscal primario, es decir, sin contar el peso de la deuda, es el ajuste del gasto basado en la tasa de inflación pasada. De allí que nuestra propuesta pasa por indexar todos los ítems del gasto público en línea con la inflación futura. Esto se implementa a través de la propuesta de Ley de Estabilidad Macroeconómica, que marca un sendero plurianual para todas estas variables.

A ello se debe agregar la necesidad de aggiornar los sistemas de pensión, en sintonía con un fenómeno nuevo: cada vez se alarga más la expectativa de vida. La evolución de la industria de la salud ha permitido un incremento en la esperanza de vida en todo el mundo, mientras que la tasa de natalidad está en descenso, lo que representa un mayor costo para el Estado.

El gasto en pensiones en la Argentina ha aumentado debido a la expansión del número de beneficiarios y la introducción de una pensión básica no contributiva. Sin embargo, la estructura de beneficios se ha quedado plana en el tiempo.

Con un sistema que gasta más de lo que recauda, se ha estado financiando (además de las contribuciones a la seguridad social) con el 11% de la recaudación por IVA y el 100% del Impuesto a los Créditos y Débitos. Adicionalmente, está parcialmente financiado con activos provenientes del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (10% del producto).

Con este panorama, y sin una modernización previsional en el mediano y largo plazo, el sistema jubilatorio entrará en una dinámica de déficit creciente o pagará una pensión mucho más reducida. Por lo tanto, es necesario introducir políticas sobre una fórmula de indexación que apunte a la inflación futura y la discriminación de los jubilados aportantes de aquellos que no lo han hecho.

Gasto público: la calidad de la aplicación del presupuesto es un tema pendiente

En tercer lugar, y en relación a la mejora de la calidad del gasto público, se puede afirmar que América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo y que Europa es una de las más igualitarias. Las diferencias entre ambas se centran en el nivel de efectividad del Estado como igualador del bienestar.

Antes de impuestos y transferencias, es decir, antes de la acción del Estado, los países europeos poseen coeficientes de Gini similares a los que se pueden observaren América Latina. La diferencia principal con los países desarrollados es la eficiencia en la aplicación del gasto: sobre quién recae  y cuán efectivo es.

La eficiencia es un aspecto esencial de la política fiscal  y un elemento indispensable para alcanzarlos objetivos de desarrollo económico, social e institucional, tales como la aceleración del crecimiento, la reducción de la pobreza y el fortalecimiento de la legitimidad del Estado.

La eficiencia del gasto público alude a los efectos que este tiene sobre las condiciones económicas y sociales de los países y sobre la vida cotidiana de la gente en relación con los recursos utilizados.

Un ejemplo claro es el caso de la educación. En la Argentina la inversión en ese ítem aumenta, pero no se logran los resultados de desempeño esperados. Aunque el gasto en ese aspecto es progresivo, está siendo socavado por las ineficiencias.

Nuestro país se ha caracterizado por la discrecionalidad en esta materia y es momento de establecer reglas permanentes tal como que el gasto no supere la tasa de inflación, junto a presupuestos plurianuales que brinden predictibilidad y certidumbre.

(*)  Economista argentino que se ha desempeñado como presidente del Banco Central (2004-2010), secretario de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales (2002-2004) y presidente de la Comisión Nacional de Valores (1991-1994)