La vicepresidenta de la Caja de Jubilaciones le garantizó a la Federación de Jubilados que este gobierno cumplirá con su palabra de convocar a un debate multisectorial por la sustentabilidad del sistema previsional.
“La ley de emergencia solidaria es una norma transitoria en la que requerimos de un aporte mínimo para aquellos pasivos que cobran desde 75.000 hasta 100.000 pesos y el resto será progresivo de acuerdo a sus ingresos”, precisó.
La norma sancionada requiere de un aporte sólo al 13.5% de los jubilados, es decir, 7731 sobre el total de beneficiarios de la Caja de Jubilaciones que es 57.247 pasivos provinciales. El resto no deberá realizar ningún aporte.
“Estamos en un contexto de crisis que nos obligó a tomar medidas transitorias hasta poder cumplir con nuestras obligaciones básicas. A nadie escapa la pérdida de empleos privados, la caída de la actividad económica y la enorme inversión de que nos demanda la pandemia”, dijo Castillo.
“El sistema jubilatorio entrerriano registra un déficit de miles de millones de pesos que lo harán insostenible en el mediano plazo. Tal como lo afirmó el gobernador, el debate sobre la sustentabilidad del sistema entrerriano es impostergable, pero para ese debate vamos a realizar una convocatoria amplia y plural. Sustentabilidad quiere decir garantizar derechos para que los activos aportantes puedan jubilarse también con el 82 por ciento móvil”, dijo la funcionaria.
“Pero debemos corregir inequidades y privilegios, y nos hacemos responsables de ello. Pero hoy el contexto nos obliga a tomar estas decisiones temporales desde una ley de emergencia que no incluye al 86,5 de los jubilados entrerrianos”, afirmó Castillo.
Finalmente, la vicepresidenta de la Caja de Jubilaciones puso de relieve que en este escenario de crisis mundial “nuestra obligación es proteger a los activos y pasivos de menores ingresos, y con esta ley hemos cumplido, porque hemos tomado esta decisión con la mayor responsabilidad. Ojalá la situación fuera otra”.
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