“Las entidades que suscriben, en representación de la totalidad de las empresas elaboradoras de biodiesel con destino al corte obligatorio, por la presente denuncian que el gobierno nacional, de manera arbitraria, discriminatoria e ilegal, continúa con la decisión de no calcular, actualizar y determinar el precio de venta acorde a los costos reales que tiene la industria y al marco regulatorio vigente para la actividad, en abierta violación de la ley 26.093, situación que lleva más de 11 meses”, comienza diciendo un duro comunicado firmado por la Cámara Argentina de Empresarios Regionales Elaboradores de Biodiesel (CEPREB), Cámara Santafesina de Energías Renovables (CASFER) y la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados.
“Con este accionar, la totalidad de las empresas elaboradoras de biodiesel continúan paralizadas porque no es posible producir con el precio fijado por el gobierno nacional, ya que el mismo resulta insuficiente para cubrir la compra de la materia prima y los demás costos de producción. Esto implica que las 28 empresas de biodiesel (instaladas en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Entre Ríos y Santiago del Estero) no trabajan desde hace más de 5 meses, acrecentando y agravando aún más la crisis que atraviesa el sector, colocándolo en un estado de situación terminal”, expresan en otro párrafo de su extensa protesta, donde se acusa al gobierno, entre otras cosas, de “falso progresismo”.
“Luego de las declaraciones del Gobernador Arcioni, de la provincia de Chubut, en las que le solicita, sin medias tintas, al Presidente que privilegie a las empresas y provincias petroleras por sobre las productoras de biocombustible, se aclara el sentido de las inacciones que, desde hace un año, viene ejerciendo el gobierno nacional. Queda más que en evidencia quiénes son los privilegiados con la decisión de dejar fundir a las empresas pymes del biodiesel de todo el país, y nuevamente ganan los poderosos de siempre, constituyendo un “falso progresismo”. La no publicación de precios por parte del gobierno nacional no hace otra cosa que contribuir a la destrucción de la industria nacional de biodiesel, beneficiando así los intereses de las empresas petroleras, a contramano de lo que ocurre en el resto del mundo y en abierta violación a leyes nacionales y tratados internacionales a los que nuestro país adhirió”. Más adelante es categórico en cuanto a que “Así, aún con toda la buena voluntad, no es posible continuar para las empresas…”
Tres otras consideraciones, remata señalando:“Resulta inentendible que nuestro país, siendo uno de los principales productores mundiales de biodiesel, no cumpla desde hace más de 8 meses con los porcentajes legales de corte obligatorio; siendo, por otra parte, importador de más del 30% del gas oil que se consume, y existiendo capacidad ociosa de combustibles renovables y alternativos de producción nacional”.
El extenso comunicado remata expresando:
“El sector no reclama otra cosa que lo expresado por el Sr. Presidente de la Nación hace 24 hs. en ocasión del cierre de la Conferencia industrial de la UIA: ‘De la pobreza no se sale con el auxilio del Estado con planes, se sale con empresarios que invierten, dan trabajo y generan empleo. El Estado va a estar presente para ayudar a los que lo necesiten y para generar las condiciones para que esos empresarios se arriesguen a producir, a dar empleo, a dar trabajo y a ganar, que es lo que corresponde. Si les va muy bien, el Estado cobrará más impuestos, mejor será’, dijo Alberto Fernández.
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