En ese marco, el gremio señaló que «desde el mes de julio en el cual registramos 440.000 trabajadores comenzó un declive de la cantidad de puestos de trabajo. Al 31 de diciembre de 2023 era un 11%; en enero pasó a 18% y en febrero al 20%, es decir mas de 80.000 trabajos perdidos».
«Estos 360.000 con los que comenzamos marzo continuarán bajando dado que no se han revertido ninguna de las causas que motivan la caída. Incluso en grandes obras se mantuvo en planta un importante numero por la figura de la suspensión, situación que cesó durante marzo», remarcaron.
Y agregaron: «Esos 80.000 puestos están estrechamente relacionados con ocupados en obras públicas, dado que históricamente alrededor del 25% de los empleos están relacionados a obras con financiamiento del sector público central y de las provincias».
Asimismo, indicaron que «ante las decisiones gubernamentales de NO PAGAR un peso de certificados de obra nacionales, ni aun aquellas financiadas por los Organismos Internacionales, y dejar de transferir a las provincias los fondos por convenios de financiamiento compartido, se produjo esta situación tan extremadamente seria».
Principales provincias afectadas
En la provincias más chicas, dependiente de las obras de viviendas sociales y otras obras públicas son las mas afectadas. Así, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, San Luis, Santiago del Estero, padecen mayormente la crisis; mientras aquellas jurisdicciones en las cuales las obras privadas tienen más relevancia han sufrido menos el impacto: CABA, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Tucumán.
Las obras privadas que amortiguaron la caída son obras en ejecución que no pueden pararse pero que han disminuido su ritmo y no se perciben obras de reemplazo para compensar el ritmo a su finalización, indicaron desde el sindicato.
El gremio puso de relieve además la gravedad que esto produce en la Obra Social Construir Salud dado que pierde más de un 20% de sus ingresos en un momento de aumentos en las prestaciones que en algunos casos superan el 200%, con el agravante de que todos estos beneficiarios que perdieron su empleo mantienen la prestación por ellos y sus familias durante 90 días. Desde el propio gremio se está apoyando a la obra social para poder mantener su sustentabilidad.Fuente: Ámbito
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