En ambos casos no hay presentación para su autorización y se pediría la demolición de los diques ya que secan reservorios para la pesca y la reproducción de peces.
En noviembre pasado, la Asociación Civil de Pescadores Artesanales de La Paz elevó una nota a la intendencia paceña e ingresó un pedido de intervención a la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos por una serie de terraplenes que afectaban la actividad pesquera y el ambiente.
Los trabajadores del río señalaron que las construcciones para la actividad arrocera, que tienen como fin desviar los caudales naturales para extraer agua, habían secado lagunas y las “canchas” de pesca donde llevan adelante sus labores. Además, estas acciones para la actividad agrícola habían afectado los lugares para desove de los peces que ya de por sí golpeados por la sequía y prolongada bajante del río Paraná, publicó el portal Era Verde.
Una vez hecha pública la denuncia, intervino el Corufa que realizó inspecciones a campo el 4 de diciembre pasado, con una delegación que integró también con técnicos de Ambiente e Hidráulica de la Provincia.
Es así que constataron terraplenes irregulares ya que en ambos casos no cuentan con el inicio de los expedientes necesarios a través de los cuales se solicita su autorización. En las dos situaciones se trata de empresas que siembran arroz, en donde a una se la intimará a que demuela el talud una vez terminado el período necesario para el cultivo y a otra directamente que lo tire abajo por las impresionantes dimensiones del dique de tierra que alcanza unos 12 metros de altura y que altera notablemente el ambiente.
El primer endicamiento, se registró en un campo perteneciente a la firma Duval Flores SA. La arrocera efectúa embalse de agua donde ha colocado bombas para la extracción, a la altura del arroyo Las Mulas. Se trata de un pequeño canal que está ubicado a 20 kilómetros al Norte de la ciudad de La Paz y que se comporta como un brazo del riacho Espinillo, siendo éste último también un desprendimiento del río Paraná que se adentra en paralelo al territorio entrerriano. Los administradores de Duval Flores poseen dos bombas que las utilizan sobre el estancamiento que naturalmente se da sobre este canal y que actualmente está casi seco, por lo cual ingresan agua del Paraná Espinillo para alimentarlo y con éstos a los ductos arroceros.
Las estimaciones oficiales es que las obras para llevar adelante esta succión que consisten en dos terraplenes, no estarían generando un gran “impacto”. Una vez que el Paraná recupere el caudal y no se hagan necesarias estas desviaciones o el arroz no lo necesite, se plantea que los empresarios los demuelan para recuperar navegabilidad en el lugar. La coordinadora de Corufa, Daniel García, confirmó al portal Era Verde que se encaminaba hacia un acuerdo “con la gente de Duval Flores por las condiciones de sus obras”.
Obras que complican
En el otro caso, extraoficialmente ha trascendido que no se encuentra en una misma situación. Esto es a la altura de arroyo El Maíz, dos kilómetros hacia el Norte de Las Mulas. Si bien desde Corufa no se bridaron precisiones, se pudo conocer que no pertenece a la misma arrocera. La situación de los trabajos en el campo -propiedad de Carlos Coego- es que se ha realizado una obra importante con murallas de entre 8 y 12 metros de altura e incluso ha avanzado de tal modo que secó lagunas y pequeños afluente que hoy están casi sin agua.
Además, se comprobó que los trabajos son nuevos ya que se hubieran podido llevar adelante sin haber podido ingresar maquinaria pesada con otras condiciones de la altura del río. Lo grave es la magnitud de los diques que al secar la zona impide la cría y reproducen los peces en el lugar, así como la navegación en botes.
Respecto la responsabilidad de los endicamientos en arroyo El Maíz se han tendido muchas dudas, ya que este lugar estaría arrendado. Lugareños mencionaron en su momento a la Cooperativa de Arroceros Villa Elisa y Agro G., la firma en la que tenía acción el ex presidente Mauricio Macri a través del fideicomiso ciego que administró sus bienes cuando ocupó la Casa Rosada. Ambas arroceras tienen intereses en el lugar, pero no se ha podido hasta el momento comprobar su responsabilidad, por lo cual la intimación es hacia Coego, quien figura como propietario del campo según los datos de Catastro provincial.
En este caso se pedirá que desistan de intervenir en el lugar y saquen los terraplenes ya que no cuentan con una formal presentación del proyecto de obras. Es decir, que no está declarado y dado sus características afectan la protección que debe contar la zona. Por lo pronto el mensaje es que debe “suspender sus tareas y recomponer”.
Las inspecciones de Corufa continuarán en enero, según trascendió, ya que en la inspección efectuada a principio de diciembre no se alcanzó a llegar a otro punto de conflicto, ya más al Norte, cerca de la desembocadura del río Guayquiraró. “El resto de los productores aun no los inspeccionamos; ni bien lo hagamos la idea es darle oportunidad de que declaren las obras y proyectos para que podamos evaluar los impactos”, sostuvo García.
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