Justicia y política / Un proyecto de Ficha Limpia y el contexto

Gustavo Cusinato presentó un proyecto de ley que podría encuadrarse en la reforma política. Se trata de una iniciativa que pretende instaurar la “ficha limpia” para quienes quieran ser candidato.

“Tenemos que dotar a la legislación electoral provincial de mayor contenido ético, transparencia y legitimidad”, anunció el radical en su perfil de Facebook. Y agregó: “La oficialización de candidaturas electorales por parte de postulantes que registran condenas a prisión por delitos de lesa humanidad o contra la administración pública han generado el rechazo social generalizado”. A continuación, el diputado provincial dejó el texto presentado.

El artículo primero dice que no podrán ser candidatos “las personas condenadas, en juicio oral y público o por juicio abreviado, a pena privativa de la libertad, aunque la sentencia no se encontrare firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso, por un plazo de ocho (8) años después del cumplimiento de la pena”. También alcanza a quienes se hayan desempeñado en “cargos directivos o fueren apoderados de empresas concesionarias de servicios y obras públicas de la Nación, Provincias, Municipalidades o de empresas que exploten juegos de azar”.

El diputado apunta a reformar la ley electoral de la provincia (N° 2988) en su artículo 17 bis para evitar precisamente que quienes hayan sido condenados por estos hechos puedan postularse, aunque la sentencia no se encuentre firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso. Así presentado, por el mismo legislador, cualquier persona que tenga una condena de primera instancia; aun teniendo tres etapas más en el proceso para apelar como es la cámara, Casación y el Superior Tribunal de Justicia (STJ); no podrá ser candidato. El primer punto en cuestión es, jurídicamente, delicado. Siempre se recurrirá a una instancia en la que se pueda probar la absolución.

El segundo tiene que ver con el contexto. La iniciativa llega en un momento en el que el Poder Judicial no avanza precisamente en las causas que tiene imputados por supuestos delitos en el seno de la administración pública. La causa de los contratos truchos en la Legislatura no tiene un solo dirigente político en esa situación. Si se convierte en ley el proyecto, el tarjetero Hugo Mena – según como viene la causa – no podrá ser candidato.

El Poder Judicial tiene una imagen negativa que supera a la de los dirigentes. Funcionarios judiciales y políticos están siendo vistos por la sociedad como una misma cosa. Como partes del problema.

La Procuración General está denunciada por el vocal Emilio Castrillón por ser manipulada por sectores de la política. El procurador Jorge Amilcar Luciano García dijo en un acto institucional de jura que el organismo no se iba a prestar a detenciones en piyama como sucedió con Amado Boudou, que luego fueron difundidas por la prensa. A José Escobar lo sacaron esposado de tribunales ante algunas cámaras por una causa inexistente. García cumplió: el entonces funcionario de Sergio Varisco no estaba en piyamas. Todo lo demás fue una vergüenza.

Gustavo Bordet contestó recientemente ante los dichos de Castrillón no haber llamado jamás a un juez o fiscal. Desde la Asociación de Magistrados pidieron más explicaciones al ex presidente del STJ, porque su denuncia parecía referirse “a todos pero a la misma vez a nadie”. La respuesta es correcta. Igual, en tribunales y Casa de Gobierno, las palabras del vocal difundidas en diciembre se codificaron con sospechas muy parecidas.

El silencio sigue. Las investigaciones se frenan y los juicios abreviados sólo avanzan (menos mal) en casos aberrantes como son los femicidios. José Allende es el único que debe añorar volver a la Fase 1. Su polémico juicio abreviado fue suspendido en el marco de la cuarentena. Sergio Urribarri, el ejecutor de la Ley de Enganche, reparte libros desde la lejana Tel Aviv y recoge agradecimientos en su comarca mientras sus audiencias se posponen mensualmente.

En 2010 el Superior Tribunal de Justicia le permitió a Domingo Daniel Rossi, condenado por enriquecimiento ilícito, ser candidato. La Sala Nº1 de Procedimientos Constitucionales y Penal admitió el recurso de casación dejando sin efecto la parte de la condena que lo inhabilitaba desde 2006 a ocupar cargos públicos. Eso se pudo porque ese mismo año se reformó la Ley Orgánica de Municipios (3001) en su artículo 80 donde estaba prohibido ser candidato con cuentas pendientes en la Justicia.

El derecho penal se posa sobre los sectores más bajos de la sociedad. Ahí prevalecen las condenas. ¿Hay algún rico en la Unidad Penal? preguntó, hace poco, un dirigente.

Los derechos humanos, en materia carcelaria, fueron desempolvados explícitamente cuando Juan Pablo Aguilera estaba detenido y se acercaba la Noche Buena hace dos años. Antes, pero implícitamente, los derechos humanos ampararon a Pedro Opromolla, que estando en la misma situación que otros operadores del engranaje por el cuál se fugaron fondos públicos a través de las cámaras legislativas, siguió el proceso siempre en libertad. Como corresponde. Se supo, en el ínterin, que el imputado tenía una relación comercial con quien comandaba la investigación: la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche.

El correlato de hechos, pareciera, no requiere de una ley que exija que la ficha de un candidato sea limpia. El problema pareciera ser más complejo. Lo que hay que limpiar es el sistema.

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