De acuerdo a la carta, se hace referencia al avance del proyecto de ley de biocombustibles que obtuvo, días pasados, dictamen por la mayoría en una reunión plenaria de las comisiones de energía y de presupuesto y hacienda de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación: «Este proyecto pone a nuestro país frente a un riesgo inminente de cierre de empresas, pérdida de miles de puestos de trabajo y un gravísimo impacto ambiental, en abierta contradicción con nuestra Constitución Nacional y con nuestros compromisos internacionales», afirma.
Según el nuevo proyecto de ley en tratamiento, tendría vigencia hasta en 2030 y promueve una reducción de la mezcla de biodiesel y bioetanol.
«Además de la drástica reducción de la demanda de biocombustibles, factor que provocaría el cierre de empresas y el fin de una de las pocas políticas de Estado que tiene la Argentina, el proyecto habilita a la Autoridad de Aplicación (Secretaría de Energía) a manejarse con extrema discrecionalidad y a intervenir en mercados que no son ni deben ser de su incumbencia», advierten las entidades y cámaras productivas.
En tanto, señalan que esas facultades extraordinarias, que le quitan todo viso de seguridad jurídica al proyecto, incluyen la posibilidad de intervenir en las cadenas de valor para «garantizar la disponibilidad de los insumos necesarios para la elaboración de los biocombustibles con destino a la mezcla obligatoria, pudiendo arbitrar y establecer los mecanismos que estime necesarios a fin de que la adquisición de aquellos sea llevada a cabo según las condiciones normales y habituales del mercado y sin distorsión alguna, estableciendo como límite en el caso que corresponda, el precio de exportación de dichos insumos menos los respectivos gastos».
Por último, «el proyecto de ley presenta numerosos vicios de forma y de fondo, por lo que es necesario prorrogar la actual ley para poder discutir con el tiempo necesario una norma moderna y eficiente que potencie los beneficios ambientales, económicos y sociales de todos los biocombustibles, en un todo de acuerdo con los acuerdos climáticos internacionales firmados y ratificados recientemente por la Argentina».
En tal sentido, «si se sanciona el expediente 1621-D-2021, determina un importante declino en el uso de biocombustibles y un aumento equivalente en el uso de derivados de petróleos» y afirma que «el drástico ajuste en el uso de biocombustibles contenido en el proyecto de ley provocará el cierre de plantas y la pérdida de al menos 1500 puestos de trabajo genuinos y federales», afirma el documento.
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